El Gobierno tiene previsto para este año aprobar la Ley contra el fraude fiscal. Este texto legislativo tendrá dos objetivos principales. Por un lado, incorporar el ordenamiento jurídico de la Unión Europea -la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016- a la legislación española. También prevé aumentar la lucha contra el fraude fiscal y eliminar discrepancias generadas en la doctrina.
Entre las principales novedades que nos encontramos en este proyecto de ley, nos encontramos la prohibición del uso del software de doble uso, un aumento en el control de las criptomonedas, la ampliación de la lista de morosos de la Agencia Tributaria o prohibir por ley las amnistías fiscales. Desde AECEM, ponemos en contexto la situación actual para entender los motivos por los cuales un cambio legislativo es necesario.
Ley contra el fraude fiscal: contexto
La situación del fraude fiscal en nuestro país es preocupante, sobre todo si la comparamos con las estadísticas de otros miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, si revisamos las estimaciones sobre la economía sumergida, vemos que en España alrededor de un 20% de la riqueza circula en negro, mientras que la media de la UE es cinco puntos inferior.
Los cálculos que realizan los técnicos de hacienda señalan que cada año se dejan de pagar más de 60.000 millones de euros en impuestos, a lo que hay que sumar alrededor de 31.000 millones que la Seguridad Social deja de ingresar en cotizaciones. Esto supone más de 8 puntos del PIB que lastras las arcas del Estado. En concreto, solo en IVA el Estado deja de percibir casi 5.000 millones de euros.
Uno de los puntos que señalan los expertos para justificar estas cifras tan elevadas tienen que ver con la impunidad: más gente defrauda porque hay menos control sobre este delito. De hecho, el número de inspectores de hacienda por habitante es menos de la mitad que la media de la Unión Europea. Funcionarios del Ministerio de Hacienda llevan años quejándose de la falta de personal para luchar contra el fraude fiscal y argumentan que la contratación de más inspectores y técnicos se debe ver como una inversión, más que como un gasto público, ya que se recauda más de lo que se destina a esta partida.
Siguiendo la evolución de la recaudación por parte el Ministerio de Hacienda, podemos ver que la evolución de la recaudación es ascendiente, pasando de menos de 11.000 millones en 2013 a más de 15.000 en 2018. Estas cifras dejan bastante que desear, sobre todo, teniendo en cuenta las cifras que antes hemos expuesto.
