La litigiosidad tributaria en España: un reto para las empresas, los asesores y la seguridad jurídica

La litigiosidad tributaria se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema fiscal español. Más allá de las cifras, el elevado número de reclamaciones y recursos refleja un problema que afecta directamente a la seguridad jurídica, a la actividad de las empresas y al trabajo diario de los profesionales que las asesoran. 

Los datos del informe El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), son reveladores. Cada año se presentan más de 230.000 reclamaciones tributarias y, considerando todo el recorrido administrativo y judicial, más del 60% de las liquidaciones tributarias recurridas terminan siendo estimadas total o parcialmente a favor del contribuyente. Además, la deuda pendiente de cobro vinculada a procedimientos tributarios supera los 40.400 millones de euros, mientras que algunos litigios pueden prolongarse durante más de una década.  

Estas cifras ponen de manifiesto que la litigiosidad tributaria no constituye únicamente un problema jurídico. También tiene importantes consecuencias económicas y supone un factor de incertidumbre que condiciona la inversión, la competitividad empresarial y la confianza en el sistema tributario. 

La litigiosidad tributaria en España supera la de otros países europeos 

El informe expone que España presenta unos niveles de litigiosidad tributaria superiores a los de otros países europeos. El 36,8% de las empresas españolas considera que su relación con la Administración Tributaria limita su actividad. En Alemania la cifra es del 7,3%. En Francia es del 10,2%. Y del 22,7% en Italia. Una diferencia que pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario más previsible y menos conflictivo.

¿Por qué existe tanta litigiosidad tributaria en España? 

En opinión de los expertos que han participado en el informe del IEE, la elevada litigiosidad responde a un conjunto de factores estructurales. 

Complejidad normativa 

La legislación tributaria española se caracteriza por sus frecuentes modificaciones, la dispersión de normas y una elevada dificultad técnica, lo que favorece interpretaciones diferentes entre la Administración y los contribuyentes. 

Criterios interpretativos heterogéneos 

Estos criterios diferentes pueden variar entre órganos administrativos o modificarse con el paso del tiempo. Esta situación dificulta que empresas y asesores puedan actuar con la previsibilidad que exige una correcta planificación empresarial. 

Largos plazos de resolución de los procedimientos administrativos y judiciales 

En algunos casos, los recursos pueden prolongarse durante años, manteniendo abiertas situaciones de incertidumbre tanto para las empresas como para la propia Administración. 

El informe también señala otros factores que contribuyen a incrementar la conflictividad, como el funcionamiento del sistema sancionador, la escasa implantación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y una relación entre Administración y contribuyentes que continúa siendo, en muchos casos, más reactiva que colaborativa. 

Un problema que afecta tanto a las empresas como a sus asesores 

Las consecuencias de esta elevada litigiosidad van mucho más allá del ámbito jurídico. 

Impacto sobre las empresas 

Para las empresas supone asumir mayores costes económicos, dedicar recursos a procedimientos largos y complejos, retrasar inversiones y operar en un entorno con menor seguridad jurídica. En definitiva, dificulta la toma de decisiones y resta competitividad al tejido empresarial. 

El papel de los asesores de empresa  

Pero esta realidad también repercute directamente en el trabajo de los asesores de empresa, cuya labor resulta cada vez más compleja. Los despachos profesionales deben interpretar una normativa en constante evolución, analizar criterios administrativos que no siempre son uniformes y ofrecer seguridad a sus clientes en un contexto donde la incertidumbre jurídica continúa siendo elevada. 

Además, buena parte de su actividad se orienta cada vez más hacia la prevención y gestión de conflictos con la Administración Tributaria, destinando recursos a procedimientos de comprobación, recursos e inspecciones que podrían dedicarse al asesoramiento estratégico y al crecimiento de las empresas. 

Precisamente por ello, el papel del asesor cobra un valor especialmente relevante. Su conocimiento técnico y su capacidad para anticipar riesgos permiten acompañar a las empresas en un entorno fiscal cada vez más complejo. 

Como comentaron muchos de los expertos que intervinieron en el V Congreso de AECEM, el papel del asesor de empresa ha evolucionado notablemente. Ya no basta con interpretar la normativa o garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El asesor debe anticipar riesgos, prevenir conflictos y ofrecer seguridad jurídica a los clientes en un entorno de continua evolución normativa. Además, el asesor puede desempeñar un papel decisivo para fomentar una relación más cooperativa entre empresas y Administración Tributaria, basada en la prevención, el cumplimiento voluntario y la resolución temprana de discrepancias 

El Tribunal Supremo insiste: las sanciones no pueden imponerse de forma automática 

Uno de los aspectos más recientes abordados en el informe hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo nº 520/2025, de 7 de mayo, que vuelve a recordar un principio esencial: la Administración Tributaria no puede imponer sanciones de manera automática cuando existe una falta de ingreso de un tributo. 

El Alto Tribunal reitera que corresponde a la Administración acreditar y motivar la culpabilidad del contribuyente. En caso contrario, debe prevalecer la presunción de inocencia, reforzando así las garantías jurídicas de los obligados tributarios.  

Esta doctrina vuelve a poner de relieve la importancia de una correcta motivación de las actuaciones administrativas y de avanzar hacia un sistema tributario basado en una mayor seguridad jurídica. 

¿Qué soluciones propone el informe ante tanta litigiosidad tributaria? 

Frente a este escenario, el estudio del Instituto de Estudios Económicos plantea diversas medidas. Todas ellas buscan reducir la conflictividad tributaria y mejorar la relación entre la Administración y los contribuyentes. 

Entre las principales propuestas destacan: 

• Simplificar y dotar de mayor estabilidad a la normativa tributaria;  
• Reforzar la seguridad jurídica mediante criterios interpretativos más claros y uniformes;  
• Impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación o el arbitraje;  
• Reducir los plazos de resolución de los procedimientos administrativos y judiciales;  
• Favorecer una relación más cooperativa entre la Administración Tributaria y los contribuyentes, basada en la confianza, la transparencia y la prevención de conflictos.  

El informe también apuesta por fortalecer el carácter vinculante de las consultas tributarias, mejorar la coordinación entre los distintos órganos administrativos y avanzar hacia procedimientos más ágiles y especializados. 

Reducir la conflictividad tributaria no consiste únicamente en disminuir el número de recursos o reclamaciones. Supone avanzar hacia un sistema tributario más previsible, transparente y eficiente, capaz de generar confianza tanto en las empresas como en quienes las asesoran. 

En este contexto, los asesores de empresa desempeñan un papel esencial. Su labor contribuye no solo al correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también a prevenir conflictos y ofrecer la seguridad jurídica que empresas y autónomos necesitan para desarrollar su actividad con estabilidad.