La litigiosidad tributaria en España: un reto para las empresas, los asesores y la seguridad jurídica

La litigiosidad tributaria se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema fiscal español. Más allá de las cifras, el elevado número de reclamaciones y recursos refleja un problema que afecta directamente a la seguridad jurídica. También afecta a la actividad de las empresas y al trabajo diario de los profesionales que las asesoran.

Los datos del informe El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), son reveladores. Cada año se presentan más de 230.000 reclamaciones tributarias. Considerando todo el recorrido administrativo y judicial, más del 60% de las liquidaciones tributarias recurridas terminan siendo estimadas total o parcialmente a favor del contribuyente. Además, la deuda pendiente de cobro vinculada a procedimientos tributarios supera los 40.400 millones de euros. Algunos litigios pueden prolongarse durante más de una década.

Estas cifras ponen de manifiesto que la litigiosidad tributaria no constituye únicamente un problema jurídico. También tiene importantes consecuencias económicas. Además, supone un factor de incertidumbre. Esto porque condiciona la inversión, la competitividad empresarial y la confianza en el sistema tributario.

La litigiosidad tributaria en España supera la de otros países europeos 

El informe expone que España presenta unos niveles de litigiosidad tributaria superiores a los de otros países europeos. Según los datos recogidos por el informe, el 36,8% de las empresas españolas considera que su relación con la Administración Tributaria limita su actividad, frente al 7,3% en Alemania, el 10,2% en Francia o el 22,7% en Italia. Una diferencia que pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario más previsible y menos conflictivo.

Para Ángel Cardo, vocal de AECEM, «el verdadero coste de la litigiosidad tributaria no se limita a los procedimientos administrativos o judiciales. Empieza mucho antes, cuando una empresa retrasa o descarta una decisión por la incertidumbre sobre cómo puede interpretar la Administración una determinada operación. La inseguridad jurídica acaba convirtiéndose así en un coste invisible que penaliza la inversión, la competitividad y el crecimiento empresarial».

¿Por qué existe tanta litigiosidad tributaria en España? 

En opinión de los expertos que han participado en el informe del IEE, la elevada litigiosidad responde a un conjunto de factores estructurales. 

Complejidad normativa 

La legislación tributaria española se caracteriza por sus frecuentes modificaciones, la dispersión de normas y una elevada dificultad técnica, lo que favorece interpretaciones diferentes entre la Administración y los contribuyentes.

Criterios interpretativos heterogéneos 

Estos criterios diferentes pueden variar entre órganos administrativos o modificarse con el paso del tiempo. Esta situación dificulta que empresas y asesores puedan actuar con la previsibilidad que exige una correcta planificación empresarial. 

Largos plazos de resolución de los procedimientos administrativos y judiciales 

En algunos casos, los recursos pueden prolongarse durante años, manteniendo abiertas situaciones de incertidumbre tanto para las empresas como para la propia Administración.

El informe también señala otros factores que contribuyen a incrementar la conflictividad, como el funcionamiento del sistema sancionador, la escasa implantación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y una relación entre Administración y contribuyentes que continúa siendo, en muchos casos, más reactiva que colaborativa.

Cardo considera que «cuando una parte tan significativa de las liquidaciones recurridas termina siendo anulada o corregida, no estamos solo ante un problema de volumen de reclamaciones, sino ante un indicador de que muchos conflictos podrían haberse evitado. La solución pasa por normas más claras, criterios administrativos uniformes y una mayor motivación de las actuaciones tributarias desde su origen».

Un problema que afecta tanto a las empresas como a sus asesores 

Las consecuencias de esta elevada litigiosidad van mucho más allá del ámbito jurídico. 

Impacto sobre las empresas 

Para las empresas supone asumir mayores costes económicos, dedicar recursos a procedimientos largos y complejos, retrasar inversiones y operar en un entorno con menor seguridad jurídica. En definitiva, dificulta la toma de decisiones y resta competitividad al tejido empresarial. 

Según Cardo, «la litigiosidad tributaria no es una cuestión meramente técnica o procesal. Para una empresa puede suponer mantener durante años una contingencia abierta, inmovilizar recursos que deberían destinarse a su actividad y condicionar decisiones de inversión, financiación o crecimiento. Esa incertidumbre tiene un coste económico real, aunque no siempre aparezca reflejado en sus cuentas».

El papel de los asesores de empresa  

Pero esta realidad también repercute directamente en el trabajo de los asesores de empresa, cuya labor resulta cada vez más compleja. Los despachos profesionales deben interpretar una normativa en constante evolución, analizar criterios administrativos que no siempre son uniformes y ofrecer seguridad a sus clientes en un contexto donde la incertidumbre jurídica continúa siendo elevada. 

Además, buena parte de su actividad se orienta cada vez más hacia la prevención y gestión de conflictos con la Administración Tributaria, destinando recursos a procedimientos de comprobación, recursos e inspecciones que podrían dedicarse al asesoramiento estratégico y al crecimiento de las empresas. 

Precisamente por ello, el papel del asesor cobra un valor especialmente relevante. Su conocimiento técnico y su capacidad para anticipar riesgos permiten acompañar a las empresas en un entorno fiscal cada vez más complejo. 

Cardo destaca que «el asesor de empresa actúa hoy como una primera línea de prevención del conflicto tributario. Su función no consiste únicamente en interpretar la norma y asegurar su cumplimiento, sino también en identificar riesgos antes de que se materialicen, documentar adecuadamente las decisiones empresariales y facilitar una interlocución técnica con la Administración que permita resolver las discrepancias en una fase temprana».

Como comentaron muchos de los expertos que intervinieron en el V Congreso de AECEM, el papel del asesor de empresa ha evolucionado notablemente. Ya no basta con interpretar la normativa o garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El asesor debe anticipar riesgos, prevenir conflictos y ofrecer seguridad jurídica a los clientes en un entorno de continua evolución normativa. Además, el asesor puede desempeñar un papel decisivo para fomentar una relación más cooperativa entre empresas y Administración Tributaria, basada en la prevención, el cumplimiento voluntario y la resolución temprana de discrepancias 

El Tribunal Supremo insiste: las sanciones no pueden imponerse de forma automática 

Uno de los aspectos más recientes abordados en el informe hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo nº 520/2025, de 7 de mayo, que vuelve a recordar un principio esencial: la Administración Tributaria no puede imponer sanciones de manera automática cuando existe una falta de ingreso de un tributo.

El Alto Tribunal reitera que corresponde a la Administración acreditar y motivar la culpabilidad del contribuyente. En caso contrario, debe prevalecer la presunción de inocencia, reforzando así las garantías jurídicas de los obligados tributarios.

Esta doctrina vuelve a poner de relieve la importancia de una correcta motivación de las actuaciones administrativas y de avanzar hacia un sistema tributario basado en una mayor seguridad jurídica.

¿Qué soluciones propone el informe ante tanta litigiosidad tributaria? 

Frente a este escenario, el estudio del Instituto de Estudios Económicos plantea diversas medidas. Todas ellas buscan reducir la conflictividad tributaria y mejorar la relación entre la Administración y los contribuyentes. 

Entre las principales propuestas destacan: 

• Simplificar y dotar de mayor estabilidad a la normativa tributaria;  
• Reforzar la seguridad jurídica mediante criterios interpretativos más claros y uniformes;  
• Impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación o el arbitraje;  
• Reducir los plazos de resolución de los procedimientos administrativos y judiciales;  
• Favorecer una relación más cooperativa entre la Administración Tributaria y los contribuyentes, basada en la confianza, la transparencia y la prevención de conflictos.  

El informe también apuesta por fortalecer el carácter vinculante de las consultas tributarias, mejorar la coordinación entre los distintos órganos administrativos y avanzar hacia procedimientos más ágiles y especializados. 

Para el vocal de AECEM, «el objetivo no debe ser únicamente resolver antes los conflictos tributarios, sino evitar que muchos de ellos lleguen a producirse. Para ello es necesario reforzar la claridad de las normas, la estabilidad de los criterios administrativos y los cauces de diálogo entre la Administración y los contribuyentes. La mediación, la conciliación y otros mecanismos de resolución temprana pueden desempeñar un papel decisivo para reducir costes, acortar plazos y mejorar la confianza en el sistema».

Reducir la conflictividad tributaria no consiste únicamente en disminuir el número de recursos o reclamaciones. Supone avanzar hacia un sistema tributario más previsible, transparente y eficiente, capaz de generar confianza tanto en las empresas como en quienes las asesoran. 

En este contexto, los asesores de empresa desempeñan un papel esencial. Su labor contribuye no solo al correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también a prevenir conflictos y ofrecer la seguridad jurídica que empresas y autónomos necesitan para desarrollar su actividad con estabilidad.