A finales del pasado mes de agosto, tras el parón de las vacaciones de verano, el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros el proyecto de ley en el que se incluyen las primeras medidas de cara a la reforma de las pensiones en nuestro país.
Las nuevas medidas, fruto del acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, esperan ser aprobadas en el Parlamento antes de finales de año. Una vez que el proyecto esté aprobado, pretenden que las nuevas medidas entren en vigor a partir del año 2022.
¿Qué pretenden estas nuevas medidas? Por un lado, la norma pretende garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y por otro, acercar la edad efectiva de la jubilación (que actualmente ronda los 64 años) a la edad legal (entre 65 y 66 años), en función del tiempo cotizado.
Desde AECEM, te contamos cuáles son las principales medidas que afectarán a los autónomos de cara a su jubilación.
Subida de las pensiones cada año conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC)
La reforma de Mariano Rajoy implantada en el año 2013 ligaba las pensiones a la esperanza de vida y las limitaba a una subida del 0,25%. Ahora esto cambia: las pensiones sufrirán una revalorización y en caso de que el IPC sea negativo, se mantendrán con el valor del año anterior.
Así, una de las principales medidas pone en hincapié la relación directa del IPC con el ajuste de la cuantía de las pensiones de forma anual. De esta forma, se logrará mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y no se verán afectados por la subida de los precios.
¿Cómo quedan las jubilaciones anticipadas?
Otra de las principales medidas que han entrado en este nuevo paquete de medidas es la modificación de los coeficientes reductores a la hora de acceder a la jubilación anticipada.
La principal diferencia respecto a las medidas anteriores es que antes estos coeficientes se aplicaban trimestralmente y ahora pasarán a ser mensuales. Por otro lado, los coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión siempre respetando una limitación máxima, que no puede superar la cuantía íntegra mensual que se establezca anualmente en la Ley General de Presupuestos Generales del Estado.
Este nuevo sistema penalizará mucho más que el anterior la jubilación anticipada hasta el mes 22 antes de la edad legal. Es decir, aquellos que opten por jubilarse 23 o 24 meses o más de forma anticipada, saldrán más perjudicados con el nuevo sistema, vamos a verlo:
- Quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes).
- Aquellos que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19%.
- Quienes tengan más de 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, el coeficiente reductor pasaría a ser del 17%.
- Aquellos que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes.
Incentivos para autónomos que retrasen su jubilación
Dentro del paquete de medidas para acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación nos encontramos con la mejora de los incentivos a la jubilación demorada, mediante un cheque de hasta 12.000 euros al año, con un 4% adicional a la pensión de por vida o mediante una combinación de ambas.
Prohibición de las cláusulas de jubilación forzosa
Una vez la nueva ley entre en vigor, se prohíbe establecer cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores menores de 68 años.
De esta forma, en los convenios suscritos con anterioridad, estas cláusulas podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada para el convenio. Además, en aquellas empresas en las que se establezca este convenio, deberán contratar a tiempo completo y de manera indefinida a un trabajador por cada uno de estos jubilados forzosos.
Cotización por ingresos reales
Con vistas de ser aprobada antes del segundo trimestre de 2022, la cotización por ingresos reales es una reforma compleja pero que pretende ser llevada a cabo.
Según fuentes expertas, todavía está pendiente concretar cómo se va a mantener esa protección social de los trabajadores por cuenta propia, con los rendimientos netos que obtengan por su actividad.
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